Por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
A tres años de la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se lograron avances importantes, como la implementación del etiquetado octogonal negro, aunque también quedan por delante desafíos significativos.
Por ejemplo, todavía hay provincias que no reglamentaron completamente la normativa, lo que limita su impacto en la vida cotidiana de la población, como así también, algunas empresas modificaron sus productos para evitar los sellos de advertencia, pero sin mejorar realmente su calidad nutricional. Este tipo de prácticas hace imprescindible la necesidad de fortalecer los controles y promover una mayor transparencia en la industria alimentaria.
Es necesario problematizar la implementación de la ley desde una perspectiva integral, que incluya la soberanía alimentaria y la garantía del derecho a una alimentación de calidad.
Las y los nutricionistas, tanto desde el ámbito clínico como desde la gestión y la educación, debemos continuar trabajando para que la ley no se vea como una simple herramienta punitiva, sino como una oportunidad para construir entornos alimentarios más saludables y conscientes.
La Ley 27.642, sancionada en 2021, es una normativa fundamental para garantizar el derecho a la salud y la información nutricional adecuada para las y los argentinos. A través de su sistema de etiquetado frontal, esta norma ha permitido que los consumidores puedan identificar fácilmente el exceso de nutrientes críticos en los alimentos envasados y bebidas sin alcohol, como azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, promoviendo una alimentación más saludable.
Asimismo, se convirtió en una herramienta clave en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, que afectan cada vez más a la población general. En un país como Argentina, donde el consumo de alimentos ultraprocesados viene creciendo significativamente en las últimas décadas, el etiquetado frontal brinda información vital para que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas y responsables sobre lo que consumen.
Sin embargo, el hecho alimentario es complejo y va más allá de las elecciones individuales. En contextos de vulnerabilidad social, donde el acceso a alimentos saludables puede estar limitado, las decisiones sobre qué comer no siempre son voluntarias ni están guiadas por la disponibilidad de productos saludables. Por ello, es fundamental que las políticas públicas aborden estas desigualdades, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, puedan acceder a una alimentación nutritiva y adecuada.
El colectivo de nutricionistas juega un papel crucial en la correcta implementación de la ley. Nuestra responsabilidad no se limita a guiar a los consumidores en la interpretación de los sellos de advertencia, sino que también implica promover una educación alimentaria que abarque todos los aspectos de una dieta saludable, fomentando el consumo de alimentos frescos y no procesados.
Aunque el impacto de la Ley 27.642 se dirige a toda la población, es especialmente relevante en los primeros años de vida, donde la formación de hábitos alimentarios puede tener un efecto duradero en la salud futura. Si bien esta norma ya comenzó a generar cambios en los entornos escolares, aún queda pendiente la incorporación formal de nutricionistas en jardines de infantes y escuelas para acompañar a niños y familias en el desarrollo de hábitos saludables desde la infancia.
El tercer aniversario de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable nos invita a celebrar los avances, pero también a reflexionar sobre los desafíos que aún debemos enfrentar para garantizar su impacto en toda la población. El compromiso de los nutricionistas es, y seguirá siendo, acompañar a la sociedad en la construcción de una cultura alimentaria más responsable, equitativa y saludable.
Solo a través de la cooperación y articulación de todos los actores involucrados, gobiernos, empresas, instituciones educativas y profesionales de la salud, se podrá lograr que esta ley cumpla con su verdadero propósito: Mejorar la calidad de vida de la población y reducir la prevalencia de enfermedades relacionadas con la alimentación.
