Necochea se quedó sin jueces para resolver una causa contra los procedimientos policiales por casos de drogas en escasa cantidad -es decir aquellos donde se encuentran cantidades destinadas a consumo personal- y que indefectiblemente terminan archivados. ¿El motivo? Todos los magistrados penales se excusaron, por distintos motivos, de intervenir en el expediente.
El caso se inició en julio pasado. Es un hábeas corpus por hostigamiento que presentó Mario Juliano, juez penal de la ciudad y referente de la Asociación de Pensamiento Penal, una ONG que trabaja en temas de justicia y derechos humanos.
La presentación pide que se ordene el cese de los procedimientos y requisas que solo llegan a secuestrar pequeñas dosis de drogas usadas para consumo personal, algo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que no es delito.
Según estadísticas oficiales de la provincia, Necochea es el departamento judicial que en los casos de droga tiene la mayor cantidad de causas por tenencia para consumo: el último año representó el 64,32 por ciento de los expedientes.
El presente caso le tocó al juez Aldo Rau, quien convocó a una audiencia con todas las partes: quien presentó el hábeas, la Policía, el Municipio, concejales. En ese encuentro, la Policía de Necochea recusó al magistrado porque en 2016 firmó junto a más de 500 personas una declaración al cumplirse 30 años del fallo «Bazterrica» de la Corte Suprema en la que pedían una política respetuosa de los derechos humanos en política criminal de drogas. «Bazterrica» fue el primer fallo del máximo tribunal que en 1986 dijo que la tenencia de droga para consumo personal no era delito, lo que en 2009 fue ratificado por el fallo «Arriola».
La fuerza de seguridad señaló que el juez podía tener una posición tomada sobre el caso. Rau rechazó la recusación, pero se excusó de seguir en la causa para aventar cualquier suspicacia sobre lo que podía resolver.
Así, la causa fue enviada a otro juez. Pero todos los jueces penales que tiene Necochea –Ernesto Juliano (no tiene parentesco con Mario Juliano), Aida Lehz, Guillermo Lludga, Luciana Irigoyen Testa y Mariana Gimenez- también se excusaron. Algunos porque también firmaron la declaración sobre «Bazterrica» y otros porque tienen relación y conocen a quien presentó el hábeas corpus, a pesar que la presentación no la hizo a título personal o porque se trate de una situación que lo afecte directamente.
Sin juez, el caso pasó a la Cámara Penal de la ciudad, que decidió enviarlo a la Corte Suprema de la provincia para que resuelva si había que sortear un conjuez abogado o si debía intervenir un magistrado de otra localidad.
El máximo tribunal de la provincia dispuso que sea un juez de Mar del Plata. Por sorteo recayó en Mariana Gulminelli, titular del juzgado de Responsabilidad Juvenil 3. La magistrado resolvió el martes pasado que todos su colegas de Necochea estuvieron mal excusados y mandó el caso a otro tribunal, la Cámara de Casación Penal de la provincia.
El expediente ahora está ahí a la espera de un juez que lo resuelva.
El caso
El hábeas corpus que presentó Juliano es favor de lo que denominó «jóvenes que circulan por la vía pública, y que son sometidos sin ningún motivo a interceptaciones, cacheos y requisas personales con el objeto de secuestrar ínfimas cantidades de sustancias estupefacientes; sustancias que por su cantidad están indudablemente destinadas al consumo personal».
La presentación, a la que accedió Infobae, señala que del análisis de las causas penales por tenencia de droga para consumo personal en Necochea -una ciudad de 95 mil habitantes- hay tres conclusiones: la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana; que las personas interceptadas, en su inmensa mayoría, son menores de 25 años; y que el promedio de sustancias secuestradas (marihuana) oscila en los 4 gramos.
«El núcleo de este hábeas corpus es la persecución policial clara y discriminatoria a un grupo de personas jóvenes que son interceptadas de modo recurrente en los espacios públicos del Departamento Judicial Necochea, por su apariencia física, su aspecto o sus vestimentas. No de otra manera el personal policial podría saber que esas personas portan entre sus prendas o dentro de sus bolsos o mochilas las pizcas de marihuana que se les incautan. Ninguna de esas requisas personales se basó en una orden judicial previa, ni se justificó en motivos de necesidad o urgencia que sustituyera la orden judicial», agrega.
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También señala que por los fallos de la Corte esas causas terminan archivadas pero que antes se puso en marcha la maquinaria del Estado: «Una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de $ 10.000 por procedimiento».
«La idea del hábeas es generar un ámbito de discusión sobre esta problemática. Que se pueda generar un protocolo de actuación para la policía. No es contra la policía, ni implica contrariar su trabajo pero que tampoco signifique requisas masivas e inicios de causas que terminan en nada. Que intervengan donde tienen que intervenir», le dijo Juliano a Infobae.
Después del fallo «Bazterrica», la Corte dictó en 2009 «Arriola». Fue otro precedente en el que ratificó que la tenencia de droga para consumo personal no es delito. Ese es el precedente que citan los jueces para las causas que se inician con escasa cantidad de estupefacientes.
En «Arriola», la Corte sostuvo que es inconstitucional penar a quien tiene droga para consumo personal cuando no ponga en riesgo a otras personas.
Sin embargo, para la ley todavía es delito. La ley de estupefacientes establece que tiene pena de un mes a dos años de prisión quien tenga droga que «por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal». Y en esa norma se ampara la policía para defender su actuación. También señalan que detrás de una escasa cantidad puede haber venta de droga.
El proyecto de reforma al Código Penal que ingresó a fines de marzo al Congreso de la Nación lo elimina como delito.
Las últimas estadísticas de la provincia de Buenos Aires demuestran que los casos para consumo personal son altos. Según datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires en 2018 se iniciaron 63.198 investigaciones por drogas: 65,86 por ciento por venta y el 28,91 por ciento por tenencia para consumo.
Y Necochea es el departamento judicial que mayor porcentaje de causas para consumo tienen. Fueron el 64,32 por ciento de las 426 investigaciones del año pasado. Y en los años anteriores el porcentaje fue mayor: en 2017 el 70,21 por ciento de las causas y en 2016 el 71,53 por ciento.
Mientras el caso busca un juez, las partes iniciaron un acercamiento. Entre la Policía y la Asociación de Pensamiento Penal comenzar a hablar de hacer un conjunto actividades públicas en Necochea sobre el tema.
fuente: infobae
