Por más de 4 horas el intendente charlo mano a mano con cada vecino junto a la secretaria de salud.
En la mañana de este viernes, un grupo conformado por un centenar de vecinos se acercaron hasta las puertas del Palacio Municipal para reclamar por la mejora de lo que consideran falencias en el servicio sanitario público, acto que duró apenas unos minutos y, pronto, se trasladó hacia las entrañas del edificio que alberga el despacho del intendente Arturo Rojas.
Con pancartas y carteles que pedían por el esclarecimiento de determinadas irregularidades, los vecinos irrumpieron en el primer piso de la sede comunal exigiendo que el mandatario local les diera respuestas, específicamente, sobre casos puntuales de malos tratos o de algún procedimiento profesional que se ha sucedido en el nosocomio a lo largo del último tiempo y que despertó dudas entre los pacientes.
Apenas unos instantes después, fiel a su costumbre, el primero de los funcionarios del Ejecutivo los invitó a subir hasta el Salón de Actos para conversar acerca de las inquietudes, conformando una mesa de diálogo en la que también estuvieron presentes las secretarias de Gobierno y de Salud, Gabriela Góngora y Andrea Perestiuk, en ese orden.
Si bien el griterío constante impidió que el Intendente pronunciase un discurso abarcativo de la problemática y los avances significativos que ha mostrado el sistema en los últimos dos años, con una pandemia de por medio, sí se llegó a comprender que la intención del mandatario fue la de explicar que el efector más grande del distrito es responsable de la atención de muchos pacientes, incluso, de localidades vecinas, y que el injusto método de solidaridad de la Provincia impone que Necochea, como otros 15 municipios que componen la región sanitaria, tengan como referencia para situaciones de complejidad o especialización a los hospitales marplatenses que sostiene el Gobierno bonaerense.
Si bien, en un primer término, la “autoconvocatoria” a la que se animó desde las redes sociales tenía como ejes centrales la falta de insumos, la entrega de medicamentos vencidos o la falta de pago al personal médico, ninguna de esas situaciones fue expuesta con certidumbre por los manifestantes, entre quienes se observó a una buena parte de la militancia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), uno de los desprendimientos del peronista Movimiento Evita.
Terminada esta parte de la protesta y apaciguados los ánimos, Rojas ofreció a aquellos vecinos -un grupo de siete u ocho familias- que denunciaban una situación particular de mala praxis o maltrato profesional o administrativo una atención personal para recolectar cada uno de los testimonios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, situación a la que estuvo abocado por cerca de cuatro horas posteriores a la disgregación de la movilización originaria.
