El dilema del Gobierno entre cuidar las reservas del Banco Central o estimular el crecimiento de la actividad económica es una clara ejemplificación gráfica de la metáfora de la “manta corta”, aquella a la que aluden los economistas cuando con una medida para solucionar un problema se genera o profundiza otro. Es lo que ocurrió desde principios de mes cuando, alarmado por la salida de divisas durante agosto y septiembre -períodos en los que el Banco Central vendió un promedio de USD 70 millones por día-, la autoridad monetaria impuso duras restricciones al pago de importaciones, frenando las operaciones de pago anticipado. La medida dio el resultado esperado: el BCRA logró revertir la tendencia y en las primeras dos semanas de octubre acumuló unos USD 450 millones. Pero el costo fue alto y desde distintos sectores industriales advirtieron sobre serias dificultades para sostener el nivel de producción.
Incluso, la cúpula de la Unión Industrial visitó al presidente del BCRA, Miguel Pesce, para plantear sus quejas por las trabas. Se llevaron un compromiso de modificaciones. Pesce cumplió ayer, haciendo un delicado equilibrio entre preservar los dólares y evitar más daño a la actividad. Es que la industria es hoy el principal motor de la reactivación económica post pandemia pero la normativa híbrida que entrará en vigencia el lunes normaliza sólo parcialmente el acceso de los importadores al mercado oficial. Impone un tope que implica, en la práctica, que una empresa no podrá producir más de lo que venía produciendo durante el último año, al menos si para eso depende de las importaciones.
“La medida dispuesta por el Directorio del BCRA permite mantener el flujo de insumos requeridos por la actividad económica dando previsibilidad a la demanda de divisas y garantizando la estabilidad del mercado de pagos”, afirmó la entidad en un comunicado. Pero para evitar un salto en los pagos anticipados, se estableció que el límite permitido para las empresas será el promedio de lo importado en los últimos doce meses.
Esta decisión contrasta con la realidad del sector: durante los primeros ocho meses del año, el crecimiento industrial superó en 13% al del nivel general de actividad, de acuerdo al análisis del economista Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica. Esa diferencia significa una brecha histórica entre el comportamiento de la industria y el resto de la economía, por lo que ralentizar su ritmo de crecimiento sería equivalente a frenar la recuperación.
“El fenómeno está asociado a la fuerte caída en términos relativos de los costos de producción. Es claro que con el PBI en niveles del año 2010 y sin un salto exportador, la demanda no es la que tracciona. En consecuencia, esta disparidad de comportamiento debería achicarse en el futuro”, explica el informe, que destaca que “producir hoy es más barato que mañana”, en parte porque con una brecha 80% con la cotización financiera del dólar intervenido por el BCRA, se abaratan los costos de importar insumos y maquinarias al tipo de cambio oficial, lo que aumenta el volumen de importaciones y motivó, en definitiva, las restricciones que se relajarán a partir de la próxima semana.
En cualquier caso, la medida no terminó de conformar al sector, en el que también se quejan por las trabas en las autorizaciones por parte del Ministerio de Producción, entre otras cosas, basadas en una diferente clasificación del término “insumo”. Además, temen que después de noviembre se endurezcan una vez más las restricciones. “La medida de ayer del Banco Central es transitoria, aflojan un poco cuando tienen un poco más de margen y después vuelven a endurecer. El contexto no cambió y los incentivos a anticipar importaciones siguen estando, o son incluso mayores”, afirmó Caprarulo. “Aunque exista un porcentaje de pago de importaciones que no tiene relación con el nivel de actividad, no van a caer y se va ir profundizando el cepo”, consideró.
