Partos inducidos y cesáreas innecesarias: cómo evitar y denunciar situaciones de violencia obstétrica

Seguramente nadie encuentre en la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud el término «embarazo». Es que la gestación de un niño no es algo patológico. Menos aún lo es parir. Ni nacer.

Sin embargo, aún son muchos los profesionales de la salud que tratan a la mujer embarazada como si estuviera enferma y -en la misma línea- «tiñen» el momento del parto con un halo de «práctica médica» que poco tiene que ver con la llegada de una persona al mundo. Todo, con una ley de parto humanizado (la 25.929) sancionada y promulgada en el país en 2004 y reglamentada en 2015, que defiende los derechos de las madres, los recién nacidos/as y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y postparto.

Pero, ¿qué implica que un parto sea respetado? El término «parto respetado» o «parto humanizado» hace referencia el respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia -etnia, religión, nacionalidad- , acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.

El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido/a sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible.

Cuando se habla de parto respetado se hace referencia a que la mujer siga su propio pulso de parto evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como a decidir la forma de controlar el dolor durante el parto.

Así las cosas, que se cumpla lo que promueve la ley -que por cierto no prevé sanciones para quienes no la respeten- depende más de la «buena voluntad del equipo médico y la información con que cuenta la mujer». Así lo reconoció la directora nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Diana Fariña, quien es médica neonatóloga (MN 62121) y destacó que «si bien la sanción de la ley fue muy importante porque dio el marco para que la mujer pueda hacer cumplir sus derechos, está en cada institución y hasta en cada profesional garantizar su cumplimiento«.

«Que un parto sea respetado en la Argentina depende de la iniciativa del profesional y de la información con que cuente la mujer, por eso es tan importante empoderar a la población y principalmente a las mujeres, que son las que de ese modo van a poder exigir su cumplimiento», consideró la especialista, quien, de todos modos, observó que «hay una relación de asimetría entre profesional y usuaria».

En ese sentido, Fariña resaltó que un punto de gran ayuda será la aprobación de la Ley de obstétricas, que ya tiene media sanción de Diputados y está en la Comisión de Salud de senadores para ser llevada al recinto. «Creemos que sería una estrategia fundamental para cumplir con la ley de parto respetado y que la presencia de las obstétricas ayudará a asegurar que puedan cumplirse los derechos de la mujer», opinó.

El proyecto presentado por el diputado nacional Eduardo Amadeo actualiza la Ley 17.132, promulgada en 1967, con la finalidad de que los graduados de la licenciatura en Obstetricia puedan tener un ejercicio pleno y autónomo de la profesión a favor de mejorar la atención médica a mujeres en edad reproductiva.

Este proyecto se adecua a la nueva realidad de la formación actual que otorga la licenciatura en Obstetricia en las universidades nacionales (públicas y/o privadas) y amplía sus incumbencias, conforme a los avances de la tecnología. Pero lo más importante es que la sanción de esta ley permitirá una presencia más integral de estos profesionales en todos los niveles de atención, fundamentalmente en el Primer Nivel de Atención Primaria de la Salud.

«Está en vos llamar a la mujer por su nombre»

Con una serie de afiches, que difundieron durante toda la semana en sus redes sociales, la Secretaría de Gobierno de Salud y Unicef buscaron persuadir a quienes ellos creen tienen que estar más informados sobre los alcances de la ley de parto respetado: mujeres y profesionales de la salud.

Las gráficas visibilizan las intervenciones más naturalizadas en el día a día y que pocos reconocen como señales de violencia obstétrica.

Julia Anciola es oficial de Salud de Unicef Argentina, señaló que «la violencia va desde lo más sutil, como es la manera en que los especialistas se refieren a la mujer, hasta la realización de una cesárea cuando no es médicamente necesaria».

«Llamar a la mujer por su nombre, y no ‘mami’ o ‘mamita’, que la madre sepa que puede estar acompañada durante todo el trabajo de parto, parto y postparto por quien ella elija, que el contacto piel a piel con su hijo desde el momento que abandona el vientre materno y durante la primera hora de vida es beneficioso para la salud de ambos y es deseable que desde la institución médica se propicie ese vínculo temprano y que la mujer puede pedir que su hijo esté con ella todo el tiempo que considere necesario», son algunos de los derechos que garantiza la ley y que más comúnmente se violan, según Anciola.

Además, «que no se respeten los tiempos biológicos, se coloque vía con oxitocina o se realice cesárea por no esperar a que se desencadene el parto natural, cosa que en un par de horas se puede dar, si la mujer así lo quiere y siempre que no haya riesgo para la salud ni de la madre ni del niño por nacer en esperar» son otras de las intervenciones que suelen darse y que, según los especialistas, con información, la mujer podría evitar.

De igual modo, «la mujer tiene derecho a elegir la posición en la que quiere parir y dependerá de la infraestructura del lugar, de que la mujer conozca esas posiciones y las pida y que el equipo esté abierto a favorecerlo, que esto se pueda dar», sostuvo Anciola, para quien «lo ideal es que en los controles durante el embarazo y en el preparto se le dé a la mujer información clara de qué es lo que va a ocurrir y cuáles son sus derechos.

«A pesar de este marco legal que propone soluciones a la situación de muchas mujeres que enfrentan un embarazo en situaciones de vulnerabilidad, todavía hay varios indicadores que nos alertan sobre la necesidad de seguir trabajando intersectorialmente para mejorar la salud de la mujer y del recién nacido: elevado porcentaje de cesáreas, accesibilidad cultural y económica; educación y atención en salud reproductiva pre-concepcional, prenatal, perinatal y postnatal; alta tasa de embarazo adolescente, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, entre otras». Para Anciola, «esto implica un trabajo desde afuera y desde adentro de las instituciones de salud para que la experiencia parir/nacer sea un momento acompañado, cuidado, en lugar de ser tratado como una enfermedad».

En ese sentido, la oficial de Unicef destacó: «Que un parto sea centrado en el derecho de la madre es que sea seguro para ella, y eso es que sea en una institución de salud. Creemos en el parto institucionalizado como seguro y centrado en el derecho y el único que cumple con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. El único lugar donde se pueden brindar seguridad y derechos es en un centro de salud. Muchas de las muertes de los recién nacidos y de sus madres pueden prevenirse si los chicos nacen en un lugar adecuado, donde se aseguren Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) definidas por la Organización Mundial de la Salud».

Las mujeres que sientan que son víctimas de violencia obstétrica, cuentan con la línea gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0800 122 5872 para hacer visible su situación.

La Semana Mundial del Parto Respetado nació en 2004 como iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR) y desde entonces se replica en distintos países con un objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento.