Los aumentos de las tarifas o la readecuación del cuadro tarifario se decide de dos formas: a través de audiencias públicas, una por cada servicio, donde se busca consensuar; y de manera directa, sin audiencias.
De modo que los incrementos se tratan de modo y en momentos distintos, pero el destinatario es uno solo: el usuario.
Los aumentos son muy superiores a la suba de los ingresos de la población, lo cual conduce inexorablemente a la pobreza energética, dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a esos gastos, ya que destinan más del 10 por ciento de sus ingresos al pago de servicios públicos.
Llegó el momento de parar, analizar y decidir de otra manera.
Los usuarios, las personas, en términos generales, están al límite de su capacidad de pago. No resisten más aumentos. Ni los trabajadores, ni la clase media. Ni las empresas, chicas medianas o grandes. Es hora de que el esfuerzo ahora lo haga el Estado.
Es momento de equilibrar el esfuerzo que ya han hecho los usuarios. Hay que bajar los impuestos a los servicios públicos.
En el caso del gas, por ejemplo en nuestra zona, este invierno las facturas de gas llegarán a los hogares con aumento de 400 por ciento sin importar el ahorro o el consumo de cada hogar. Aunque las localidades a las que llega nuestro periódico tendrá umbral de consumo similar a Bahía Blanca, el nuevo cuadro tarifario se hará sentir.
Los servicios públicos involucrados cumplen funciones sociales primordiales e irremplazables, por lo que la falta de acceso implica directamente que la calidad de vida de la población se vea resentida de manera drástica. Sin dudas, los afectados por los aumentos de tarifas de servicios públicos no son sólo los usuarios residenciales, sino un abanico de sectores como clubes de barrio, centros culturales, teatros, comedores y merenderos, sindicatos y sus centrales, empresas recuperadas, cooperativas, pymes y comercios; entre otros.
Por esto, resulta necesario una intervención del Estado y los organismos de control en pos de regular los aumentos desmedidos.
Carlos Laboranti
Director Ejecutivo