El ministro mantuvo un encuentro con todos los integrantes de las comisiones de Obra Pública y Presupuesto de ambas Cámaras y el presidente de Diputados, Manuel Mosca, y el titular del Senado, Daniel Salvador. Allí, Gigante respaldó el proyecto de ley de obras públicas elaborado por el diputado provincial y vicepresidente del bloque Cambiemos César Torres.
Como presidente de la comisión de Obras Públicas, Torres fue el encargado de darle forma al proyecto con el que gobierno de Vidal espera mantener el ritmo del plan de infraestructura el año próximo. Según explicó el diputado provincial con la vieja ley 6.021 sancionada el 19 de febrero de 1959 “entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca el primer ladrillo se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. Por eso proponemos una proyecto responsable, inclusivo, y, sobre todo, ágil”.
César Torres elaboró el proyecto que ahora se buscará aprobar en la Legislatura provincial.
El proyecto tiene despacho de comisión de Obras Públicas desde el 31 de agosto de 2016. En este poco más de un año, Torres fue reuniendo los concesos de sus pares en torno al texto final para poder conseguir la luz verde en la Legislatura provincial.
Ahora, Vidal dio la orden de aprobar la ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Si bien los plazos se acortan, en el oficialismo son optimistas con conseguir la sanción. Quedan por delante tres sesiones: una el jueves de la próxima semana, y después en la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Si todo sale como calculan, en el oficialismo dijeron a ámbito.com que “en alguna de las dos sesiones de fin de año se debería aprobar el proyecto de ley en ambas cámaras”.
Para el gobierno provincial la norma en debate es sustancial porque entre sus principales aspectos propone acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Además posibilita la mayor participación de empresas porque contempla que el contratante pueda tomar un crédito externo para realizar la obra. Por otra parte, establece un margen de preferencia de un 5% en la comparación de las ofertas a favor de licitantes que sean pequeñas y medianas empresas.
“Se trata de darle a la Provincia un instrumento legal ágil y útil para concretar el ambicioso plan de obras públicas proyectado, en un marco que garantice la seguridad jurídica, transparencia de los procedimientos, la igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación entre oferentes y la competencia efectiva”, sostuvo Torres.
