Las Sociedades Rurales del Sudeste dio a conocer un comunicado de prensa en el que expresan su rechazo la intervención del gobierno provincial afectando el comercio de granos.
«Una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la Provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país. Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra» comienza el comunicado de las Rurales del Sudeste.
Posteriormente explican que «el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos: en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y lo peor: no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales. La empresa “Terminal Quequén”, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo».
Posteriormente, las sociedades rurales agrupadas enfatizan que «la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una “licitación express”. En declaraciones periodísticas, la presidente en ejercicio Jimena López, aludió al gobernador Kicillof al decir: “Axel pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos”, a lo que agregó la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización.
No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una “Junta Provincial de Granos”: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad.
La provincia debería tener otras prioridades: educación, salud y seguridad; infraestructura, caminos y rutas destruídas; e inversiones que se pierden por mera acción de la ideología que no mira el interés general, como el caso YPF-Petronas».
Por último, afirman que «con este comunicado, desde las Sociedades Rurales del Sudeste advertimos sobre esta situación a CARBAP para evaluar pasos a seguir pero también a otras instituciones: a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y su Cámara Arbitral; al Centro de Acopiadores de Quequén; a las otras entidades de productores; a los propios productores en general, a los transportistas, y a los intendentes del hinterland del puerto Quequén, por lo que podría significar una modificación sustantiva en los fines del actual Consorcio de la Terminal y su explotación».
