En función de los trascendidos sobre posibles resoluciones oficiales que manifiestan la obligatoriedad en la identificación electrónica bovina desde enero próximo, las 16 Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense volvieron a tratar el tema y concluyeron mayoritariamente que la aplicación de chips como reemplazo de las caravanas y otros métodos sea a determinación del productor.
Las instituciones recordaron que no rechazan la llegada de esta metodología, pero exigen información completa del plan, donde si el objetivo es la trazabilidad de la carne, la estrategia de individualización en bovinos debe afectar a toda la cadena y surgir de un acuerdo completo que vaya del productor al frigorífico, y a toda la cadena comercial.
El debate se produjo como parte del temario tratado en la reunión mensual de la Zona 6 de Carbap, realizada este miércoles en la Sociedad Rural de Mar Chiquita. La propuesta fue trasladada a la mesa ejecutiva de la Confederación, para no sólo tramitar la inquietud ante autoridades del SENASA, sino para buscar acciones tendientes a unificar criterios entre ganaderos, consignatarios, la industria, entre otros intermediarios.
«En la actualidad, los productores cumplen con la identificación con caravanas o botones. Al llegar el animal a faena, ese elemento se descarta y “todo pasa a ser lo mismo”. Siguiendo así, no tiene sentido la inversión en nuevos dispositivos, y los objetivos de trazabilidad informativa quedarían lejos de cumplirse» explicaron las sociedades rurales.
Prórroga en Puerto Quequén
En el comunicado de prensa emitido tras la reunión, también se hace mención a la situación en Puerto Quequén: «En estos días se está gestando una prórroga de la concesión del Puerto Quequén. Gracias a la gestión y visibilidad del tema que las Rurales del Sudeste movilizaron, de concretarse esa medida constituirá un primer paso hacia gestiones siguientes de relevancia para una amplia zona».
Las entidades señalan que «es importante que la prórroga a la actual empresa concesionaria del elevador del puerto sea por dos años, de modo que un nuevo pliego de licitación surja de un trabajo participativo y de acuerdos, siempre rechazando la incursión estatal en la comercialización, como insiste públicamente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires».
