En medio de una compleja situación por los efectos de las inundaciones en
varias provincias de nuestro país, el gobierno nacional decidió incorporar a los beneficios que otorga la Ley de Emergencias y Desastres Agropecuarios a los diferentes entes públicos y asociaciones de productores que trabajan en el mantenimiento, recomposición y mejorado de los caminos rurales.
Estas decisiones están contempladas en la Resolución 32/2019 de la
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, que fue publicada en los últimos días en el Boletín Oficial.
«Se trata de un paso más para que la ayuda a los productores, municipios y
provincias que fueron afectados por eventos climáticos pueda canalizarse
mejor, de modo más directo, en un marco de articulación público-privada»,
explicó el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
Con la medida, se posibilita a los consorcios y asociaciones a realizar
convenios para financiar la recomposición de caminos y maquinarias viales, a partir de los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario.
Estas entidades deben estar debidamente registradas y autorizadas por la máxima autoridad en materia vial de cada jurisdicción para llevar a cabo sus funciones.
Ley de Seguros Agrícolas
Los integrantes de la Bolsa de Comercio de Rosario solicitaron la puesta en
marcha de instrumentos que mitiguen el daño económico causado por
fenómenos climáticos extremos o severos.
Desde la entidad rosarina proponen seguros paramétricos, «ya que, bajo
ciertas circunstancias, favorecería la reducción del costo de la prima, recorta monitoreo, controles documentales y verificación, y no depende del
comportamiento del asegurado o del asegurador sino del fenómeno exógeno».
Pero se reconoce el costo adicional que significaría para el productor
implementar este tipo de seguros, y con un gobierno que no brinda subsidio a las primas,colaborando solo en la implementación de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Para la BCR, «la bajísima cobertura multirriesgo en el mercado argentino se debe a la ausencia de intervención del Estado en el subsidio de las primas y en la cobertura de catástrofes».
Ante esta situación, en un documento publicado por la bolsa rosarina, se apoya la sanción de una Ley de Seguros Agrícolas que debería contemplar los siguientes aspectos:
-El Estado debe subvencionar las primas en alguna medida y adoptar un rol
asegurador frente a eventos catastróficos.
-Deben ser incluidas todas las producciones nacionales, no sólo granos.
-Se debe evitar la obligatoriedad del seguro, ya que todo lo que es obligatorio tiene una connotación negativa. Por lo que debe ser decisión del productor contratar el seguro o no. No obstante, si el Estado decide subvencionar las primas, los hombres y mujeres de campo deberían sentirse comprometidos a tomar el seguro multirriesgo para toda su producción.
-El seguro debe ser deducible del impuesto a las ganancias.
-Necesidad de información detallada a escala local o subregional.
