El Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazó hoy los embargos judiciales contra terminales portuarias y empresas agroexportadoras, en relación con la supuesta deuda de la denominada tasa solidaria por mantenimiento diferenciado de la red vial urbana que fuese derogada en 2017, y están en proceso demandas contra las autoridades municipales de Necochea.
El pasado 6 de septiembre el Intendente de Necochea, Facundo López, anunció el inicio del proceso judicial sobre terminales portuarias y empresas agroexportadoras que operan en el puerto de Quequén por la presunta tasa solidaria, que –según CEC- se basa “en argumentos ajenos a esta tasa y relativos al Casino de la ciudad”.
Añade el comunicado de CEC que “sin que haya habido intimación previa alguna, y sobre la base de las solicitudes realizadas por la Municipalidad, la Justicia únicamente le otorgó el aval para realizar embargos judiciales en cuentas vinculadas con las terminales y agroexportadoras”.
Luego recuerda la entidad que nuclea a las exportadoras que “esta tasa fue derogada en 2017 y es considerada inconstitucional”.
Asimismo, la entidad recalca que “si bien se objetó siempre la supuesta deuda generada desde su existencia (2015) hasta su eliminación (2017), los agroexportadores propusieron igualmente un acuerdo a la Intendencia, pero como una contribución sectorial al desarrollo urbano, y se arribó a un entendimiento en diciembre de 2018 para su implementación durante este año”.
En tal sentido, añaden que “la autoridad municipal desechó contar con esos recursos económicos acordados como aportes especiales para el mantenimiento urbano de la ciudad de Necochea”.
Seguidamente, subraya CEC que “el embargo injustificado de cuentas de terminales portuarias y agroexportadoras implica afectar el pago de salarios y operaciones comerciales propias y con terceros, y modificar la política de embarques reorientándolas al puerto de Bahía Blanca”.
Anticipan que “todas las empresas preparan sus respuestas para presentar a la Justicia así como iniciar prontas acciones administrativas y penales debido a los daños económicos ocasionados por esta decisión”.
El CEC reafirmó su “vocación de diálogo y trabajo, y confirman el interés de sus empresas asociadas por continuar construyendo un puerto competitivo, con más empleo, más tecnología y mayor cantidad de embarques, lo que se ha materializado recientemente en el compromiso de sumar pasantes a esas compañías que provengan de Necochea y a la futura construcción del puente Ezcurra”.
