La Justicia Federal ordenó un allanamiento en la casa de Raúl Pérez Roldan, acusado por su hijo de lesiones, reducción a la servidumbre, administración fraudulenta, trata de personas y lavado de dinero. Precisamente fue sobre ese último delito donde el juez federal de Azul puso la mira en las últimas horas y secuestro en la vivienda de Tandil una serie de documentos vinculados con la Sociedad Bakota S. A, el vehículo a través del cual el acusado habría apropiado del dinero que el deportista había ganado en su carrera profesional.
Según señalaron fuentes judiciales, el procedimiento se llevó adelante por orden del juez federal Gabriel Di Giulio y la fiscalía de Santiago Eyherabide a instancias de la querella, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual. Se llevaron libros y documentos que apuntan a corroborar cómo fue la ruta del dinero.
«Habida cuenta los hechos investigados y que existen motivos para presumir que en el referido domicilio podrían encontrarse los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A., cuya recolección deviene necesaria para avanzar en la investigación (art. 224 CPPN), el registro domiciliario deviene procedente. Debo señalar que la orden de presentación no resulta admisible si su destinatario es el propio imputado, habida cuenta que la importa importa una orden o mandato imperativo que no compatibiliza con la garantía de incoercibilidad prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional», admitió el juez.
«No se me escapa que la medida procura evitar los efectos de un registro domiciliario de mediar un aporte voluntario del material requerido. Esta solución puede igualmente procurarse poniendo con conocimiento del imputado, en oportunidad de efectivizarse la medida, que el aporte voluntario de la documentación», se añadió. «Por consiguiente, ordenaré el allanamiento (…) el cual tendrá por objeto exclusivamente el secuestro de los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A», se añadió. El material ya está siendo analizado por los investigadores judiciales. Según se había señalado inicialmente, el perjuicio para el extenista profesional sería unos 5 millones de dólares.
Fuente: Infobae