Luego de las marchas relacionadas con el “Ni una menos”, a la ley de despenalización del aborto y de las manifestaciones intergeneracional que se dieron en cada rincón de la república Argentina, la mayoría de los adolescentes de este país están, en cuanto a educación y salud sexual integral, abandonados por el estado, por sus familias y por el resto de la sociedad.
Según estudios de UNICEF, el 15% de los nacimientos en Argentina son de embarazos adolescentes: seis de cada 10 no son planificados. En la Argentina, hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias equivale al 25%) y más de 3.000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas adolescentes no planearon ese embarazo. Estas cifras tienen muchas explicaciones, pero una muy importante: hasta hora el problema no ha sido atacado de una manera adecuada.
La realidad es que la ley de educación sexual integral no ha sido refrendada por muchas provincias, los esfuerzos de crear asesorías de salud integral para adolescentes se topan con dificultades de recursos económicos y humanos para el mantenimiento de una mínima estructura que ayude desde la escuela, que es prácticamente la única institución ya sea del estado o privada que cotidianamente tiene contacto con ellos.
El acoso, la violencia social e intrafamiliar y la falta de proyectos parecen afectar a chicas y chicos que esperan apoyo y protección de sus mayores, pero también responsabilidad pública en aspectos claves del cuidado en una etapa de la vida de particular fragilidad. El aborto sin dudas requirió una discusión vasta y profunda; la sociedad ha logrado dársela en la calle y en el parlamento. Falta ahora volcar parte de esos contenidos en políticas que logren cambiar radicalmente la situación, con metas claras, entre las que tiene que estar presente el educar también a los adultos. Hay planes en marcha para cambiar esta situación, que deberán ser monitoreados por la sociedad civil movilizada a fin de observar su eficacia.
