La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén se mostró preocupada ante la postura crítica que tomaron las Sociedades Rurales del Sudeste en referencia al anuncio del gobierno provincial sobre la próxima licitación para renovar la concesión de Terminal Quequén.
Esto se debe a que en un comunicado, las mencionadas entidades rurales manifestaron que “el gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una “Junta Provincial de Granos”: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.
A raíz de esto, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén afirmó que “nos resulta preocupante que un grupo de Entidades Rurales regionales salgan a atacar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque anunció que ante la próxima licitación que tendrá por objetivo de renovar la concesión, la Provincia pedirá una reserva de carga del 30 por ciento en el acopio de dicha Terminal, para mediar en la compra de granos”.
Consideraron que es “penoso que Entidades que debieran estar defendiendo los intereses de los pequeños y medianos productores y a todos los trabajadores de la ruralidad argentina, salgan en defensa de las multinacionales exportadoras, ya que éstas desde sus posiciones dominantes hace años vienen expropiando diariamente a los asociados de dichas Entidades”.
Por último afirmaron que “llama la atención que estos reyes de la libre competencia se opongan a que el Estado sea un competidor más en el comercio exterior granario para beneficio de la región y toda la Nación ¿Quiénes son entonces los ideologizados y flojos de fundamentos?”.
El comunicado sostiene que las críticas de las entidades rurales no sólo son infundadas, sino que en realidad defienden los intereses de grandes corporaciones en detrimento de los pequeños y medianos productores: «La concentración de la tierra en pocas manos es uno de los rasgos más característicos de la actividad agrícola. Desde las privatizaciones de los años 90, el 30 por ciento de los pequeños y medianos productores han desaparecido a manos de grandes terratenientes y empresas. Mientras tanto, la pobreza en la región se ha duplicado desde entonces. ¿Dónde ha ido a parar la riqueza generada por la actividad agroexportadora?”.
Críticas a Terminal Quequén S.A.
La Asamblea detalla varios problemas con la gestión de TQSA, destacando los siguientes puntos críticos:
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Cumplimiento de Contrato: TQSA ha incumplido el contrato original, en el que se estipulaba el pago de un canon en dólares. Tras la crisis económica de 2002 y la devaluación del peso, la empresa ha aprovechado lagunas legales para pagar tarifas en pesos devaluados, lo que ha reducido significativamente los ingresos para la provincia.
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Servicios a Pequeñas Empresas: La empresa no ha prestado un servicio adecuado a las pequeñas exportadoras, concentrando la actividad en grandes corporaciones y excluyendo a los actores más pequeños del mercado.
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Inversiones y Servicios: Las inversiones realizadas por TQSA no han alcanzado lo comprometido en su propuesta inicial. Además, la empresa ha formado una empresa de transporte propia, monopolizando la actividad y perjudicando a otros proveedores de servicios.
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Impacto Ambiental y Urbano: La actividad de TQSA ha tenido un impacto negativo significativo en la salud pública y la infraestructura urbana de Necochea. El polvo tóxico generado por las operaciones de la terminal ha deteriorado la calidad del aire, y los daños a la infraestructura urbana han recaído en los ciudadanos a través de altas tasas municipales.
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Manipulación y Especulación: La Asamblea acusa a TQSA de involucrarse en especulación financiera y evasión fiscal. La empresa habría desviado capitales de la producción a actividades especulativas y eludido impuestos a través de prácticas cuestionables como falsos préstamos y ventas manipuladas.
Propuesta de la Asamblea
La Asamblea propone que la provincia tome un rol más activo en la gestión de la terminal a través de la creación de una Sociedad del Estado. Según el comunicado, esta medida permitiría al Estado operar la terminal directamente, asegurando que el 100% de la capacidad de carga esté bajo control estatal, no solo el 30% propuesto.
Las razones para esta propuesta incluyen:
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Transparencia en la Comercialización: Con la gestión estatal, se podrían evitar maniobras de evasión y manipulación de precios. La comercialización directa permitiría una mejor supervisión y transparencia.
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Control sobre Delitos Económicos: El Estado podría evitar prácticas como la subfacturación, el pago de falsos servicios, y la manipulación de precios internacionales.
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Mejora en la Competitividad: La competencia estatal rompería el monopolio de las grandes corporaciones, elevando los precios que se pagan a los productores y mejorando las condiciones laborales y de servicio.
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Eficiencia y Control: La gestión estatal podría garantizar mayores inversiones y evitar el deterioro de infraestructuras. Además, permitiría un control más efectivo sobre actividades ilícitas como el narcotráfico.
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Beneficios Locales: Los beneficios generados serían redistribuidos a los municipios afectados, compensando los perjuicios generados por la actividad agroexportadora y mejorando la situación financiera de las localidades.
Fuente: TSN – NdeN
